El Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador:
El proyecto de ley de minería propuesto por el Gobierno atenta contra el Derecho a la Salud
Cuenca, 8 de noviembre de 2008
Como punto de partida tenemos que entender que los procesos sociales, económicos, políticos y ambientales, están interrelacionados y se concretan en contextos históricos definidos. Eso significa que decidir en materia de recursos naturales, pasa por considerar el sistema económico-social en el que estamos inmersos, con su modelo neoliberal y globalizado de desarrollo, que se ha vuelto insostenible, y por otro parte, la propuesta de sociedad nueva, en la que el progreso sea determinado por el nivel de bienestar y felicidad de los pueblos y la naturaleza.
El capitalismo ha demostrado día a día, incesantemente, ser un sistema depredador, causante de desastres económicos, sociales y ambientales que afectan a todo el planeta. Evidencias las encontramos todos los días: las condiciones de pobreza y marginalidad de los pueblos, que contrastan con la opulencia y riqueza de grupos monopólicos reducidos. El capitalismo es sinónimo de injusticia e irrespeto a derechos fundamentales; sinónimo de agresión persistente a la naturaleza, de crisis ecológica, de desgaste de la capa de ozono, de calentamiento de la atmósfera, de pérdida de biodiversidad, de contaminación del aire, agua y suelos del planeta.
La globalización neoliberal nos ha impuesto un régimen de mercantilización absoluta y un rol como estados “tercermundistas” en ese gran mercado planetario. Todo se convierte en productos o servicios sujetos a las leyes del mercado, por encima de derechos humanos y de responsabilidades estatales. Esa visión mercantilizada se extiende a la naturaleza, por medio de grandes corporaciones transnacionales que se apropian del agua, de la tierra, de los yacimientos mineros, del petróleo, de nuestros conocimientos ancestrales, de nuestra biodiversidad.
Urge superar los esquemas socio-económicos y ambientales descritos. Los indicadores de “crecimiento económico” ocultan y falsean las inequidades y la devastación, son una medida equivocada de desarrollo. Queremos una sociedad, cuyo bienestar no sea antagónico a la preservación de los ecosistemas, a los cuales la humanidad se pertenece. Queremos una sociedad que dejando atrás el antropocentrismo, que conlleva la noción de dominación de la naturaleza, avance hacia la complementariedad, el respeto, el afecto y la armonía con la Naturales. Así garantizaremos la preservación del ciclo de la vida, es decir, aseguraremos “la manutención del potencial de la naturaleza para absorber y recomponerse de las agresiones antrópicas y de los desechos de las actividades productivas”.
¿Acaso el modelo económico que queremos es extractivista (la explotación intensiva de recursos naturales no renovables), en lugar de uno que produzca bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades humanas esenciales?
¿Acaso le apostamos al crecimiento económico per se (obtener el máximo de dinero) y pasamos por alto la afección a la vida de las comunidades, los ecosistemas y el futuro de nuestros pueblos?
¿No será insuperablemente mejor establecer un modelo soberano, sustentable; romper con el esquema de dependencia y de consumismo alienante al que nos somete la globalización neoliberal?
Nuestros principios
Ante la situación actual y las propuestas extractivistas del Gobierno del Presidente Rafael Correa, desde el Frente por la Salud de los Pueblos del Ecuador, planteamos los siguientes principios:
1. La supremacía de la vida por sobre los intereses económicos y la acumulación de riqueza.
2. La protección soberana de la biodiversidad y la no mercantilización de la vida.
3. El patrimonio natural no será explotado con fines de lucro, su aprovechamiento será de carácter social, comunitario y sustentable, para asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras.
4. El principio de sustentabilidad en lo ambiental (acceso, uso de recursos naturales y preservación de la biodiversidad); social (eliminación de la pobreza y de las desigualdades sociales); cultural (conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad de nuestros pueblos); y político (una auténtica democracia que garantice el acceso y la participación de todos/as en la toma de decisiones públicas).
5. El Principio de Precaución: no debe permitirse ningún proceso extractivista, productivo o económico que pueda agredir ambiental, social o culturalmente a las comunidades, aun si no hubiere evidencia científica de los daños. Igual principio debe aplicarse en el manejo de los agentes físicos, químicos y biológicos, que produzcan contaminación en el agua, aire, suelo y seres vivos.
6. El respeto al patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios y la participación plenamente informada de las comunidades en las decisiones.
7. La obligatoriedad de remediación, reparación y compensación, en todos los casos, de daños ocasionados a las comunidades y ecosistemas, por parte de las empresas responsables. Los delitos ambientales deben ser imprescriptibles.
8. El Estado debe convertirse en garante de estos principios, su responsabilidad es la defensa inclaudicable de nuestro patrimonio natural (es un contrasentido determinar la “propiedad inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos naturales” y el “derecho soberano sobre la diversidad biológica y áreas protegidas”, y a la vez hacer concesiones para su explotación o tercerizar su uso y conservación).
El proyecto de ley de minería es inconstitucional
En base a este marco general, demandamos declarar al Ecuador PAÍS LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA. Las evidencias de la devastación originada por estos procesos extractivistas (para beneficio exclusivo de las transnacionales mineras), son más que suficientes. Además, los yacimientos mineros se encuentran en zonas protegidas y altamente sensibles como fuentes de agua, en uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo.
El proyecto de ley de minería propuesto por el Gobierno viola el Derecho a la Salud de las y los ecuatorianos, garantizado por nuestra Constitución en el artículo 32:
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales...
El Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador se adhiere a la demanda social de que el referido proyecto de ley de minería sea archivado definitivamente, se aplique el Mandato Minero expedido por la Asamblea Constituyente y se inicie un proceso para implementar jurídicamente la propuesta de un Ecuador LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA. Nuestro objetivo debe ser preservar la salud de los ecosistemas, de los seres humanos, de las comunidades y las culturas, pues la salud depende de procesos biológicos, sociales, económicos, ambientales y culturales que interactúan.
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